La seguridad es primordial. Luego de siete largos años de impotencia, una familia de Arica pudo recuperar su hogar, el cual había sido tomado por ocupantes ilegales. Gracias a la activación del Gobierno Regional de Arica y Parinacota y la Seremi de Seguridad Pública, en un trabajo colaborativo con Carabineros, la Dipreseh, la Dirección de Aseo y Ornato y la Oficina Local de la Niñez, se logró restituir el inmueble que en el pasado había sido foco de delincuencia, narcotráfico y homicidios.
Ubicado en la calle Lincoyán, el operativo comenzó desde muy temprano cuando los efectivos policiales procedieron con el desalojo y posterior recuperación de la vivienda. En su interior, el lugar se encontraba en condiciones insalubres, con habitaciones utilizadas como piezas de alquiler, acumulación de basura, botellas de orina y rayados, representando un grave foco de infecciones para el sector.
El Gobernador Regional, Diego Paco, fue enfático al referirse a este operativo, asegurando que no se permitirá que la impunidad se apodere de la propiedad privada de las familias honestas. «Aquí la señal es clara: La transparencia, la honestidad y el tomar buenas decisiones siempre va a tener una buena recompensa«, destacó la máxima autoridad regional, valorando la articulación de la Junta Vecinal Manuel Bulnes con las autoridades policiales y judiciales. Asimismo, agregó que «vamos a seguir trabajando en esa línea, con harta colaboración y trabajo para que ningún delincuente se salga con la suya».
Por su parte, Paula Bravo, encargada de Seguridad del Gobierno Regional, explicó que esta intervención nace de la inquietud y la incertidumbre que sufría un grupo de vecinos del sector. «Este trabajo articulado, que viene de hace unos meses, hoy da frutos a través de este desalojo. Estamos recuperando los espacios y la intención principal del Gobierno Regional es poder dar solución y tranquilidad a los vecinos y vecinas de la región de Arica y Parinacota», afirmó.
El aspecto legal del procedimiento fue detallado por la fiscal jefe de la Fiscalía de Fronteras, Paulina Brito, quien señaló que el desalojo se llevó a cabo en virtud de una orden judicial emanada el 27 de agosto. «En reiteradas oportunidades se había intentado formalizar por el delito de usurpación a las personas que vivían acá. Estas personas no se presentaron, tuvieron orden de detención, se les otorgó un nuevo plazo para desalojar, el que no cumplieron, por lo tanto el día de hoy hicimos efectiva la orden», detalló la fiscal, añadiendo que entidades como la Municipalidad prestaron apoyo para reubicar a personas de la tercera edad y menores que se encontraban en el interior.
Finalmente, el Seremi de Seguridad Pública, Pedro Álvarez, subrayó que este domicilio era un punto de interés crítico para la región. «Aquí hubo delitos violentos y también permanentemente incivilidades que nos demandaba la comunidad que era necesario solucionar», indicó Álvarez. El Seremi recalcó la importancia del trabajo interinstitucional y advirtió que aún queda labor por hacer para resguardar el sector y asegurar que el entorno se mantenga tranquilo y libre de incivilidades.
