La intervención considera el desalojo de 215 viviendas emplazadas en zonas contaminadas por polimetales y marca el inicio de la primera etapa para recuperar uno de los sectores con mayor deterioro urbano y problemas de seguridad de Arica.
Como parte del plan de recuperación de Cerro Chuño, este viernes comenzó la notificación a las personas que actualmente ocupan de manera irregular 215 viviendas pertenecientes al SERVIU y ubicadas en zonas contaminadas por polimetales. La medida constituye la primera etapa para concretar el desalojo y la posterior demolición de un sector que durante años ha representado un riesgo para la salud pública y un foco permanente de inseguridad para la ciudad.
Cerro Chuño representa hoy uno de los mayores desafíos de seguridad y salud pública de la región. A la contaminación por metales pesados se sumó, durante años, la ocupación ilegal de viviendas que habían sido desocupadas tras la relocalización de sus propietarios originales, convirtiendo el sector en un foco permanente de delincuencia, incivilidades y riesgo sanitario para quienes permanecen en el lugar.
El Delegado Presidencial Regional, Cristian Sayes, explicó que «este viernes comenzamos el proceso formal de notificación a los ocupantes irregulares de las viviendas, dando cumplimiento a la resolución que ordena la restitución de estos inmuebles al SERVIU. Posteriormente iniciaremos el cierre perimetral del área y desplegaremos un amplio operativo interinstitucional que permitirá ejecutar de manera segura el desalojo, la desratización y, finalmente, la demolición de las viviendas. Todo este procedimiento ha sido planificado para resguardar la integridad de las personas, de los funcionarios que participarán en las labores y también de los animales que permanezcan en el lugar, evitando poner en riesgo cualquier vida durante su ejecución».
La autoridad agregó que el Estado dispondrá de acompañamiento permanente en terreno durante las distintas etapas de la intervención, junto con alternativas de albergue para quienes lo requieran. Asimismo, los residuos serán trasladados a recintos autorizados, utilizando el depósito Quebrada Encantada y un depósito con sello verde ubicado en la Región de Antofagasta para el manejo de materiales con asbesto, cumpliendo estrictamente la normativa ambiental y sanitaria.
Por su parte, la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera, señaló que «durante demasiado tiempo Cerro Chuño simbolizó el abandono del Estado. Hoy estamos revirtiendo esa realidad con una decisión concreta que busca recuperar un espacio que nunca debió volver a ser habitado. Esta acción responde a una prioridad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast: recuperar el control del territorio, proteger la salud de las personas y devolver la seguridad a las familias. No podemos permitir que un lugar contaminado continúe siendo ocupado ilegalmente ni que siga funcionando como un foco de delincuencia que afecta la calidad de vida de toda la región».
La vocera regional añadió que «esta acción demuestra que cuando las instituciones trabajan coordinadamente es posible enfrentar problemas históricos que por años permanecieron sin solución. Estamos avanzando con responsabilidad, resguardando la dignidad de las personas, pero también con la convicción de que el interés general, la seguridad pública y la protección de la salud deben prevalecer».
El plan contempla el desalojo administrativo de 215 viviendas, el cierre perimetral del sector, la desratización y, posteriormente, la demolición de los inmuebles, labores que serán ejecutadas por una empresa con experiencia en este tipo de obras a nivel nacional. Paralelamente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en coordinación con la Municipalidad de Arica, dispondrá de tres albergues transitorios, encabezados por Villa Albergue, además de otros dos dispositivos especialmente habilitados para brindar apoyo a quienes requieran una solución temporal.
Esta corresponde a la primera etapa del proyecto de erradicación y demolición de Cerro Chuño, iniciativa que contempla una inversión total cercana a $9.900 millones. El inicio de las obras será posible gracias a la aprobación de $3.292 millones por parte del Consejo Regional de Arica y Parinacota, recursos que permitirán ejecutar esta fase inicial, mientras que las etapas posteriores serán financiadas por el Ejecutivo, consolidando uno de los proyectos de recuperación urbana, sanitaria y de seguridad más relevantes para la región.
