Hasta el 13 de diciembre de 2025, estará disponible de manera virtual la consulta ciudadana “Territorios Organizados”, la cual está impulsada por la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Esta herramienta busca conocer las opiniones de la comunidad en torno a propuestas surgidas en distintos espacios públicos, académicos y organizacionales para la modernización de la ley 19.418, que regula las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias.
Esta iniciativa no sólo está dirigida a las dirigencias sociales, sino que también a personas que participen o hayan participado en alguna organización comunitaria, y a la ciudadanía en general.
“La idea central de este instrumento participativo es recoger las opiniones de la ciudadanía sobre temas de interés público y poder sistematizarlas, y de esa forma, actualizar la ley 19.418 en materias relativas al fortalecimiento de la participación ciudadana en los territorios”, precisó la seremi de Trabajo y vocera (s) de Gobierno, Jennifer Lazo Vergara.
Para acceder de manera directa a esta importante consulta ciudadana, ingresa a https://es.surveymonkey.com/r/J592T6Y
Participación y consultas ciudadanas
La participación ciudadana es un mecanismo central para promover la vida democrática en el país, y ha sido uno de los elementos centrales en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. De esta forma, se ha logrado fortalecer el rol de la comunidad como protagonista de los procesos sociales. “Siempre hemos considerado que la participación de la sociedad civil es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia y para la elaboración de las políticas públicas, y es por ello que los procesos más importantes que hemos llevado a cabo como Gobierno, han contado dentro de su metodología de trabajo, con la participación de la ciudadanía”, señaló la seremi (s) de Gobierno.
A modo explicativo, la participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Lo anterior, tomó fuerza cuando en el país entró en vigencia la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la que incorporó en nuestra legislación la afirmación de que “El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”.
