Como un importante avance en el fortalecimiento de la seguridad pública calificaron las autoridades de la Región de Arica y Parinacota la promulgación de la nueva ley que amplía los plazos de flagrancia y entrega mayores facultades a las policías para desarrollar diligencias investigativas durante las primeras horas posteriores a la comisión de un delito.
La normativa, que se constituye como la primera iniciativa de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) despachada por el senado, tiene como uno de sus principales cambios la ampliación de 12 a 24 horas del plazo de flagrancia para las detenciones realizadas por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), mientras que para la Autoridad Marítima se extiende a 48 horas.
Al respecto, el delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristian Sayes, destacó que “para nuestra región, esta ley representa una herramienta importante para fortalecer la persecución del delito. Sabemos que las primeras horas de una investigación son fundamentales y que, en una región fronteriza como la nuestra, las distancias y las características geográficas pueden dificultar los procedimientos policiales. Con esta nueva normativa optimizamos los tiempos y mejoramos las estrategias policiales».
Por su parte, la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera, señaló que “como Gobierno hemos sido claros en que la seguridad de los chilenos es una prioridad. Esta nueva ley es un avance en concreto. No podemos permitir que las limitaciones de los procedimientos dificulten la identificación de quienes cometen delitos. Estamos cumpliendo nuestro compromiso de impulsar medidas que fortalezcan la seguridad y permitan que las familias de Arica y Parinacota vivan con mayor tranquilidad”.
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La nueva legislación también incorpora facultades para que las policías puedan solicitar, sin instrucción previa del fiscal, la entrega voluntaria de grabaciones de cámaras de seguridad de comercios, viviendas y testigos, así como requerir información de georreferenciación que permita localizar a los responsables o elementos vinculados a un delito.
Otro de los aspectos relevantes de la normativa es el reconocimiento expreso de la Autoridad Marítima como auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones que desarrolle en el ejercicio de sus funciones de policía marítima. Esto permitirá fortalecer su participación en procedimientos realizados en naves, recintos portuarios y otros espacios bajo su competencia.
La promulgación de esta ley forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, orientada a fortalecer las capacidades del Estado para prevenir, investigar y perseguir los delitos.
