La seremi de Gobierno de Arica y Parinacota, Pollyana Rivera, destacó el ingreso al Senado del proyecto de reforma constitucional que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para fortalecer las capacidades del Estado frente a las nuevas formas de criminalidad que enfrenta el país.
La propuesta tiene como objetivo fundamental incorporar la seguridad pública como un deber del Estado, comprendiendo la preservación del orden público y la protección de las personas y sus bienes. De esta manera, busca entregar una dimensión constitucional a la seguridad pública, entendiendo que constituye una condición necesaria para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales
Al respecto, la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera, señaló que “el crimen organizado está instaurado en nuestro país y el Estado debe fortalecer sus herramientas para enfrentarlo. Para nuestro Gobierno la seguridad de las personas es una prioridad, y por eso estamos impulsando una reforma que establece expresamente la seguridad como un deber del Estado y entrega nuevas capacidades para combatir a organizaciones que trafican, extorsionan, secuestran y usan la violencia para intentar controlar nuestros barrios. Queremos un Estado con la fuerza, la inteligencia y las herramientas necesarias para proteger a los chilenos”.
Principales medidas
Entre las propuestas, que considera alrededor de 30 proyectos de ley, se encuentra la posibilidad de establecer regímenes penitenciarios diferenciados y más estrictos para condenados vinculados al crimen organizado y al terrorismo, incluyendo restricciones a comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios. El objetivo es impedir que líderes de estructuras criminales puedan continuar dirigiendo o coordinando actividades ilícitas desde los recintos penitenciarios.
Propone también la creación de un registro de organizaciones criminales y un procedimiento institucional para que una agrupación pueda ser declarada organización terrorista o de crimen organizado. Este mecanismo considera la participación del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, del Presidente de la República y del Senado, que deberá aprobar una eventual declaración por dos tercios de sus miembros en ejercicio. La participación individual de cada imputado deberá continuar siendo acreditada por el Ministerio Público conforme a las reglas generales del proceso penal.
La vocera regional agregó que “la señal que estamos dando es clara: quienes integran organizaciones para cometer delitos graves deben saber que el Estado tendrá mayores herramientas para perseguirlas y desarticularlas. Pero estas facultados tendrán reglas y controles claros. Las regulaciones específicas deberán ser discutidas democráticamente y aprobadas por el Congreso, resguardando el equilibrio institucional y las garantías constitucionales”.
Otra de los principales componentes corresponde a la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, que podría aplicarse ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada. Su regulación específica contemplará mecanismos de coordinación, control y rendición de cuentas, además del deber del Presidente de informar al Congreso Nacional sobre las medidas adoptadas.
“Esta agenda busca que el Estado vuelva a tener la iniciativa frente al crimen organizado. No podemos permitir que sean las organizaciones criminales las que impongan sus reglas en nuestros barrios, nuestras cárceles o nuestras fronteras. La seguridad es una condición fundamental para que las familias puedan vivir en tranquilidad y ejercer plenamente sus derechos, y ese es el compromiso que estamos llevando adelante como Gobierno”, concluyó Rivera.
Cabe destacar que, en la misma línea, se ingresó con suma urgencia otros dos proyectos vinculados a la ACOT, para ampliar el delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y fortalecer el Sistema Nacional de Registros de ADN.
