La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de protección presentado para impedir el proceso de restitución administrativa y desalojo de viviendas fiscales en el sector Cerro Chuño, confirmando que la actuación de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota se ajustó al marco legal vigente.
La resolución judicial no solo validó las facultades de la autoridad para ejecutar el procedimiento, sino que además destacó la preparación institucional y el despliegue social desarrollado antes y durante la intervención realizada en el sector.
En ese sentido, el fallo establece que la intervención del 25 de julio “no fue en absoluto intempestiva ni sorpresiva”, sino que correspondió al resultado de meses de preparación institucional, incluyendo mesas de trabajo intersectoriales iniciadas en marzo de 2026.
Asimismo, la Corte destacó que el proceso estuvo acompañado de un “diseño de mitigación intersectorial inédito”, orientado a resguardar los derechos de las personas y reducir los impactos sociales asociados a una intervención de alta complejidad.
Según la resolución, los antecedentes del proceso acreditaron la elaboración y ejecución de un Plan Intersectorial de Protección Integral y Protección Social para Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias, liderado por la Seremi de Desarrollo Social y Familia, en coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Servicio Nacional de Migraciones, Municipalidad de Arica, Defensoría de la Niñez e Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El fallo sostiene que la acción del Estado se desarrolló bajo criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales, señalando que la ejecución del desalojo administrativo se realizó sin uso compulsivo de la fuerza y rodeada de un diseño de mitigación intersectorial inédito, lo que demuestra que la actuación estatal no fue arbitraria ni vulneratoria de los derechos humanos, sino ajustada a estándares de razonabilidad.
El delegado presidencial regional, Cristián Sayes Maldonado, valoró la resolución y destacó el trabajo desarrollado por los equipos jurídicos, técnicos y sociales que participaron del proceso.
“Este fallo confirma que actuamos con estricto apego a la ley, resguardando el interés público y la protección de la salud de las personas. Pero también demuestra que este proceso fue mucho más que una acción administrativa: hubo planificación, coordinación y un despliegue social destinado a acompañar y proteger a las familias, especialmente a quienes se encontraban en mayor situación de vulnerabilidad”, señaló la autoridad.
El delegado agregó que la decisión judicial entrega certeza respecto de una medida que respondió a una situación sanitaria que durante años afectó a Cerro Chuño.
“Desde el primer día sostuvimos que este procedimiento respondía a una obligación legal asociada al grave riesgo sanitario del sector. Nuestro compromiso fue hacer cumplir la normativa, pero al mismo tiempo garantizar que el Estado estuviera presente acompañando a las personas durante todo el proceso”, afirmó Sayes.
La resolución de la Corte de Apelaciones de Arica reafirma que el proceso de recuperación de Cerro Chuño fue desarrollado mediante una acción coordinada del Estado, combinando el cumplimiento de la ley, la protección de la salud pública y un enfoque social para abordar uno de los problemas más complejos que ha enfrentado la Región de Arica y Parinacota.
