En una sesión conjunta de las comisiones de Infraestructura y Medio Ambiente del Consejo Regional (CORE), se presentaron los resultados del primer informe del proyecto “Diagnóstico y Formulación de Política Regional de Recursos Hídricos de Arica”.
El documento, ejecutado por la consultora Aquanexus, dejó en evidencia graves brechas en la gestión del agua, destacando que el Embalse Chironta no está cumpliendo el rol de apoyo esperado para los agricultores de Lluta.
Chironta bajo la lupa y crisis en Azapa
La consejera regional y presidenta de la Comisión de Infraestructura, Lorena Ventura, fue enfática al señalar que, “pese a ser una mega obra inaugurada bajo la administración del expresidente Gabriel Boric, el impacto real en el Valle de Lluta es insuficiente. El Embalse Chironta no tiene el impacto que debieran percibir los agricultores», afirmó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Carlos Ojeda, alertó sobre la situación crítica en el Valle de Azapa. «El informe arrojó la carencia de un catastro de pozos ilegales, lo que ha provocado una merma considerable en la cuenca del Río San José». Asimismo, denunció la inexistencia de plantas de tratamiento para reutilizar aguas grises, lo que apunta a un déficit de administración del recurso.
En la sesión conjunta, participaron los consejeros regionales María José Victoriano y Cristian Villanueva, instancia en que también estuvieron presentes dirigentes vecinales del Valle de Lluta y del sector pesquero de orilla.
Hallazgos clave del diagnóstico:
• Información desactualizada: Existe una «lenta actualización» de antecedentes por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), lo que impediría una toma de decisiones informada.
• Realidad por cuencas: El estudio analizó desde la Quebrada Concordia hasta los ríos Lauca y Caquena. Se detectó que, mientras en la cordillera hay recursos, en valles como el San José los niveles han bajado drásticamente por el alto consumo y la salinización.
• Riesgos latentes: Se consignaron zonas críticas de intrusión salina, brechas de información y falta de fiscalización que condicionan la seguridad hídrica regional.
«Si no poseemos los insumos sobre pozos ilegales, no tenemos forma de proteger nuestras napas subterráneas, lo que va en desmedro de nuestros agricultores y de los vecinos de Arica», concluyó la consejera Ventura.
Una política con visión a 30 años
Manuel Jara, director del proyecto, explicó que este es el primero de cinco informes proyectados para consolidar una Política Regional de Recursos Hídricos. El objetivo final es crear una hoja de ruta que oriente inversiones y decisiones durante las próximas tres décadas, coordinando al sector público y asegurando el abastecimiento urbano y productivo.
El estudio se sustenta en fuentes oficiales con trazabilidad verificable, incluyendo datos de la DGA, SERNAGEOMIN, CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente, buscando subsanar la desarticulación actual en la gestión del agua.
