Docentes, sicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas y distintos profesionales de todos los establecimientos de Arica y Parinacota se reunieron en el Hotel del Valle, en el seminario Actualización de la Política de Convivencia Educativa, que impulsa el Ministerio de Educación.
Se trata de una actividad organizada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, encabezada por su seremi, Francisco Valcarce; el jefe Deprov, Carlos Bahamondes; el jefe del Depto. de Educación, Reynaldo Córdova, y la coordinadora Regional de Convivencia, Sara Sánchez, con el propósito de actualizar los protocolos de seguridad para prevenir y abordar la violencia en contextos educativos, sobre todo en tiempos post pandemia, donde tanto Arica como el resto del país, se han visto afectados.
Las ponencias estuvieron a cargo de Andrea Pérez y Karla Retamal, ambas expositoras del nivel central del Mineduc, quienes también fueron testigos de la constitución de la Personalidad Jurídica de la Red Regional de Convivencia Educativa.
“Hoy vemos el compromiso de estos profesionales con los que asumimos el desafío de prevenir y abordar la violencia en contextos educativos, para resguardar que las comunidades educativas sean espacios protegidos”, destacó el seremi de Educación, Francisco Valcarce.
Esta semana, en la capital, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, presentó el Programa “Comunidades Educativas Protegidas”, iniciativa que se aplicará en 50 comunas priorizadas de todo el país, incluyendo Arica, para la prevención y abordaje oportuno de situaciones o hechos de violencia al interior o en el entorno inmediato de las comunidades educativas, y que afectan el ambiente para el aprendizaje.
Este programa se enmarca en las recomendaciones elaboradas por la mesa intersectorial “Centros Educativos como Espacios Protegidos”, impulsada por el Ministerio de Educación junto a actores del mundo público y privado, que sesionó durante el segundo semestre de 2023.
Las comunas priorizadas dentro del programa fueron escogidas en base a la información de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Superintendencia de Educación, con criterios vinculados a hechos delictivos, de violencia y a situaciones de connotación social pública respecto a temas de violencia.
