Delegado Presidencial Roberto Erpel Seguel, respaldó las declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respecto a que “nos parece una señal equivoca, luego de que la Primera Sala del tribunal de alzada de Arica acogiera un recurso que impidió de cuatro venezolanos que, a juicio de la cartera de Interior, cumplían los requisitos legales para ello: entrada irregular y que no haya una acción penal pendiente”, señaló la autoridad.
Entendiendo que el ingreso clandestino da lugar a una expulsión y donde es responsabilidad del migrante el poder acreditar que hay otras razones por las cuales el Estado de Chile debiera no tomar la decisión de expulsarlo. Esta discrepancia de criterio de expulsión de extranjeros infractores de ley entre el Gobierno y el Poder Judicial, surge luego de que la corte de Apelaciones de Arica acogiera un recurso de amparo que anuló los decretos de expulsión.
En este contexto, el Ministerio del Interior recurrirá a la Corte de Suprema, donde espera se revierta la decisión. Desde el Gobierno, explican que, en el caso de los cuatro extranjeros, se cumplen tres requisitos que también exhiben otros 11 mil extranjeros a quienes se decretó su proceso de expulsión: autodenuncia de ingreso clandestino, que no tiene acción penal pendiente y que los expulsados no posean antecedentes penales. Y aseguran que la propia Contraloría indicó que un proceso de regularización migratoria vigente no era impedimento para concretar la expulsión por ingreso clandestino.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, además de confirmar que recurrirá a la Corte Suprema, calificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica como “una señal equivoca, en cuanto a que solo el ingreso clandestino no sería causal suficiente para decretar la expulsión”.
La autoridad añade que todos estos ciudadanos extranjeros fueron notificados legalmente en los plazos, sin embargo, al acoger el recurso, se considera que el ingreso clandestino no es causal suficiente para decretar las expulsiones.
